Artículo de la sección #EquidaddeGéneroesADN por Paola Rueda López para Diario ADN.
En Colombia desde al año 2006, la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-, es un derecho fundamental y reproductivo de las mujeres, en tres circunstancias: cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o la salud integral de la mujer, cuando el feto es inviable fuera del útero y cuando el embarazo es producto de violación o incesto.
Sin embargo, tras quince años de la expedición de la sentencia C-355 de 2006 por parte de la Corte Constitucional Colombiana que fundamenta que el aborto es estas circunstancias es legal, persisten barreras religiosas, culturales y sociales, que impiden a las mujeres y a las niñas acceder a este derecho fundamental de forma segura y las obliga a acudir a abortos clandestinos y mal practicados poniendo en riesgo su vida.
Para Angélica Cocomá, Abogada Women's Link Worldwide, quien trabaja removiendo barreras para que más mujeres, incluyendo las migrantes y víctimas del conflicto armado, puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, la interrupción voluntaria del embarazo salva vidas destacando que “protege la salud física y mental de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual para que no tengan que sobrellevar un embarazo no deseado”.
Según el estudio revelado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, Women’s Link Worldwide, la Red Nacional de Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos, con el apoyo de Fokus Colombia, la pandemia aumentó las barreras para el acceso a este procedimiento.
“Como resultado de las medidas de confinamiento adoptadas por el Gobierno nacional, los obstáculos para acceder a la IVE y otros servicios de salud reproductiva se agravaron considerablemente impactando de manera desproporcionada a mujeres, adolescentes y niñas en situación de mayor vulnerabilidad, es decir, a aquellas que habitan en zonas rurales con presencia de actores armados; están en una situación migratoria irregular; no cuentan con redes de apoyo ni recursos económicos; son jefas de hogar; y/o son víctimas de violencia basada en género” señaló María Isabel Niño, asesora jurídica y de incidencia de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que acompañó 111 casos en el periodo analizado.
En el Informe de barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el contexto de la pandemia COVID-19, se concluye que las principales dificultades para acceder a este servicio médico, son:
La falta de información sobre la prestación del servicio.
La ausencia de intimidad en los hogares de las mujeres para solicitar información.
Los problemas de conectividad a las tecnologías de información y comunicación de las mujeres más vulnerables.
La carga adicional de las labores de cuidado.
La agudización de las barreras de acceso para las mujeres migrantes, quienes no solo enfrentan las mismas barreras que las mujeres colombianas, sino que estas se recrudecen en razón a su situación migratoria.
Un llamado mundial por la salud reproductiva de mujeres y niñas
El secretario general de las Naciones Unidas anticipó que por cada 3 meses de encierro 13 millones de mujeres a nivel mundial sufrirán violencia doméstica y 7 millones tendrán embarazos no deseados.
Asimismo, UNICEF indicó que durante la pandemia las mujeres tienen mayor riesgo de sufrir violencia de género.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación por el aumento de casos de violencia de género durante la contención del COVID-19, y expresó que en consecuencia es necesario proveer “salud integral hacia las mujeres sobrevivientes, incluida la atención psicológica, la anticoncepción de emergencia y la interrupción voluntaria del embarazo, cuando sea aplicable”.
De este modo, al reconocer que la pandemia ha afectado notoria y particularmente la salud reproductiva de las mujeres y las niñas, los organismos internacionales y regionales recomiendan a los Estados que provean servicios de salud integral que incluyan el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para este grupo poblacional en específico.
No es un servicio de Lujo
Por su parte, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir formuló el documento de posición Impacto de la pandemia causada por la COVID-19 y otras crisis humanitarias sobre la disponibilidad de los servicios de aborto, en el cual se pone en evidencia que los servicios de salud sexual y reproductiva no han sido lo suficientemente priorizados en la práctica, que se marginan en contextos de crisis y que no se crean condiciones para proteger los derechos sexuales y reproductivos, particularmente, la prestación de servicios de aborto, que la Corte Constitucional garantiza.
“Las situaciones de crisis, como la actual pandemia, convierten los servicios de aborto en servicios secundarios o de “lujo”, que no se atienden, prioritariamente, y llevan al incremento en el uso de los servicios privados. Este documento busca generar recomendaciones para los y las profesionales de la salud, que les permita incidir a diferentes niveles y, con ello, lograr una disminución en las barreras de acceso a los derechos sexuales y reproductivos” señala Salomé Valencia, médica e integrante del Grupo Médico por el Derecho a Decidir.
Datos:
Edad y etnia: Adolescentes, indígenas y afrodescendientes son los grupos de población con mayores impactos negativos.
El 79% de los casos de mujeres con dificultades para el acceso a la IVE se encuentran en Atlántico, Cundinamarca, Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca.
El 41.4% de mujeres que enfrentaron obstáculos durante el 2020 se encuentran entre los 19 y 25 años.
Se estima que después de la pandemia podría haber un incremento de 6 a 11 puntos porcentuales en el embarazo adolescente.
Datos recogidos por la CEPAL muestran cómo, por ejemplo, en El Salvador, una sola clínica atendió 258 casos de embarazos de niñas entre los 10 y 14 años, entre enero y junio de 2020. En Guatemala, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, entre enero y mayo de 2020, se produjeron 1962 embarazos de niñas entre los 10 y 14 años; mientras que en todo el 2019 los casos registrados fueron 5061.
Pérdida de autonomía y privacidad
“En contextos de violencia de género y de comunidades donde hay un particular peso de los prejuicios sobre la anticoncepción, las mujeres y adolescentes, con frecuencia, usan anticonceptivos en secreto o en contra de la opinión de sus padres, parejas y otros familiares. En el contexto de la pandemia, estas posibilidades se limitaron al encontrarse confinadas junto con un agresor o un varón controlador. El confinamiento y el incremento de las labores de cuidado han causado una pérdida de la autonomía y privacidad, riesgo aumentado de que sus parejas o familias se den cuenta de que están usando anticonceptivos o han tenido que recurrir al aborto”. Grupo Médico por el Derecho a Decidir - Colombia Red Global Doctors for Choice.
